Comunales
Nuevo robo de cables en cerro Huaquelón dejó a 2 mil familias si n suministro eléctrico
Pese a los esfuerzos público – privados, la línea investigativa que lleva adelante el Ministerio Público y la acción persecutoria de las policías, el robo de cables parece ser un delito que está lejos de acabarse en la Región de Coquimbo. O por lo menos eso parece en la provincia de Limarí, ya que desde julio del año pasado a la fecha se han suscitado 16 incidentes donde se han visto involucrados terceros que dañan las instalaciones para obtener cobre desde las redes eléctricas.
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Pese a los esfuerzos público – privados, la línea investigativa que lleva adelante el Ministerio Público y la acción persecutoria de las policías, el robo de cables parece ser un delito que está lejos de acabarse en la Región de Coquimbo. O por lo menos eso parece en la provincia de Limarí, ya que desde julio del año pasado a la fecha se han suscitado 16 incidentes donde se han visto involucrados terceros que dañan las instalaciones para obtener cobre desde las redes eléctricas.
Pero hay un lugar donde este ilícito se ha vuelto reiterativo: El Cerro Huaquelón en la comuna de Punitaqui. Aquí, durante los últimos cuatro meses se han provocado siete interrupciones de suministro atribuibles a robo de cables, lo que ha significado que más de 2 mil familias queden durante algunas horas sin energía.
Para CGE, compañía de distribución eléctrica que atiende a más de 3 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, esta situación se ha vuelto preocupante, pues si bien dispone de la capacidad técnica y operativa para traspasar carga y evitar que los clientes estén sin suministro mientras se efectúan las labores de normalización, ese sector se ha convertido en un flanco habitual para que los delincuentes cometan sus fechorías.
Hace unos días un grupo no determinado de sujetos llegó hasta el Cerro Huaquelón y sustrajo 820 metros lineales de conductor trifásico donde se dañaron dos postes: uno fue derribado y el otro, destruido. En tanto, el último incidente ocurrió la mañana de este martes en la localidad de Huana, en la comuna de Monte Patria, donde se hurtaron 300 metros de conductor trifásico.
Ante estos antecedentes, la zona limítrofe entre las comunas de Punitaqui, Monte Patria y Combarbalá se ha izado como una de las más vulnerables ante este tipo de hechos, pues -además del Cerro Huaquelón- localidades como El Palqui, Huatulame, El Tome Alto, Chañaral Alto, Peralito, Cerro Manchado, Agua Fría y otros, han engrosado la lista de alternativas para los delincuentes.
“El robo de conductores perturba a toda la comunidad, ya que provoca interrupciones en el suministro eléctrico que afectan la seguridad de la población. Éstas son bandas organizadas, con elementos, equipos y tecnología y su accionar tiene un impacto negativo en la calidad del suministro eléctrico de las personas”, precisó Oscar Jerez, gerente zonal de CGE Coquimbo.
En cuanto al aporte de antecedentes, CGE confirmó que presentó los informes necesarios a la policía, de manera de complementar la carpeta investigativa para que así las autoridades competentes den con los responsables de estos delitos.
PREOCUPANTE RÉCORD REGIONAL
Si bien éste es un delito que está extendido por todo el territorio donde opera CGE, la zona que registra el mayor número de incidentes -medido por la cantidad de metros de cable robado- es la Región de Coquimbo. Esto, debido a que sólo en el último año (octubre de 2021 y noviembre de 2022) se han sustraído 58.320 metros en 62 eventos contabilizados. Esto significó que la compañía tuvo que desembolsar casi 450 millones de pesos para normalizar la infraestructura dañada, la que no sólo implica reponer las líneas cortadas por los delincuentes, sino que también instalar aquellos postes que fueron destruidos y sustituir los dispositivos dañados.
A nivel nacional y por detrás de la Región de Coquimbo se ubica O´Higgins con 33.040 metros de cable robado; Arica-Parinacota y Tarapacá con 21.611 metros de cable de cobre robado; Atacama (14.862 metros robados) y Biobío (11.739 metros robados).
“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas”, señaló Jerez.